El Gobierno y los agentes sociales apuraron este lunes casi hasta el último momento para cerrar un texto consensuado sobre laregulación del teletrabajo. Después de más de ocho horas de negociación, el Ejecutivo logró un preacuerdo con Sindicatos, CEOE y Cepyme sobre la nueva normativa de una forma de trabajo que se ha generalizado en los últimos meses. 

Ahora, los órganos de decisión de las organizaciones de los empresarios y sindicales deben evaluarlo a primera hora de la mañana, sólo poco antes de que el Consejo de Ministros dé luz verde al anteproyecto de ley. En los últimos días, el Ministerio de Trabajo había metido presión a los negociadores de la patronal y los sindicatos al hacer público que tenían intención llevarlo al consejo de este martes como decreto-ley.

30% de la jornada semanal

La norma, que entrará en vigor en 20 días y se tramitará como proyecto de ley tras su convalidación, recoge también que en tres meses se han de concretar por escrito las condiciones individuales entre los asalariados que están trabajando a distancia –al menos en un 30% de la jornada– y su empresa. La ley aclara que el trabajador tiene derecho al abono de los gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

En el caso de las empresas que ya tenían acuerdos colectivos sobre teletrabajo, sin limitación en la vigencia, disponen de un año para adaptarse a la nueva normativa. Para el resto se puede ampliar hasta tres años.

Voluntario y reversible

El texto, impulsado desde el departamento que comanda Yolanda Díaz, recoge la voluntariedad del trabajo a distancia tanto para la empresa como para los trabajadores, además de aclarar que se trata de un modo de trabajo reversible y en el que están garantizados los mismos derechos y deberes que el resto de la plantilla.

La negociación in extremis del decreto-ley sobre trabajo a distancia ha acabado interrumpiendo la dinámica de reuniones sobre la prórroga de los ERTE, aunque el límite para que acabe la vigencia de la cobertura especial por Covid sigue fijada en el 30 de septiembre. Los agentes sociales, y en especial, la CEOE mantiene un pulso con el Gobierno sobre los expedientes de regulación temporal de empleo. Una vez solventado el mantenimiento de la cuantía de la prestación por desempleo aunque se supere los seis meses en ERTE y fijar la garantía del contador a cero sobre el derecho acumulado a desempleo para todos los trabajadores afectados que pierdan el puesto de trabajo a lo largo del 2021, los grandes desencuentros tienen que ver con los sectores a proteger y con el porcentaje de exención de las cuotas a la Seguridad Social.