Por un lado esta semana hemos sabido que el Parlamento de Catalunya a tumbado el decreto «puente» de las ITV para habilitar el servicio hasta que se apruebe una ley mientras que por otro lado el Gobierno Valenciano ha anunciado este mes que revertirá las ITV a partir de 2023
El Parlamento Catalan no ha validado el decreto que permite la habilitación «transitoria» para continuar prestando los servicios de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y establece un plazo de 15 meses para que el Gobierno presente una ley. JxCat, ERC han votado a favor, el resto ha votado en contra, y el texto no ha recibido suficientes apoyos.
El consejero de Empresa, Ramon Tremosa, ha dicho que se ha llegado a una situación «alegal» y «de inseguridad jurídica» por el gran grado de conflictividad judicial que ha generado el cambio de modelo del 2010. Y en este contexto, ha añadido que hay que regular el servicio «de inmediato». El debate ha sido marcado por la condena de dos años y medio de prisión contra el ex diputado de CiU Oriol Pujol para cobrar comisiones en las adjudicaciones de ITV.
Por otro lado El Gobierno valenciano de Ximo Puig da un paso más en su política de reversión de concesiones públicas a empresas privadas y asumirá directamente las estaciones de ITV, que ahora gestionan 7 compañías.
El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha justificado la decisión de revertir las actuales estaciones de inspección técnicas de vehículos (ITV) en base a un estudio que considera que la mejor opción económica para las arcas públicas es asumir directamente la gestión.
Según el conseller, la intención es crear una empresa pública, que estará liderada por el Instituto Valenciano de Competitivad Empresarial (Ivace), a la que se subrogará todo el personal de las ITV, cuyo convenio colectivo habrá que negociar con los sindicatos.
S.R.T. siempre ha defendido y lo podeis leer aquí, que La Generalitat de Catalunya tiene que decidir si apuesta porque el servicio público que prestan las ITV sea gestionado por empresas privadas, en régimen de autorización, y cuyo único objetivo es el beneficio exponencial por encima de todo, o sea gestionado directamente por la administración a través de la creación de una empresa pública que apueste por la seguridad vial y la calidad del servicio como ha hecho la comunidad Valenciana. Se trata pues de voluntad política
Fuentes:
https://catalunyadiari.com/actualitat/parlament-tomba-decret-pont-itv
