La gestión pública asegura una mayor garantía

La Generalitat de Catalunya tiene que decidir si apuesta porque el servicio público que prestan las ITV sea gestionado por empresas privadas, en régimen de autorización, y cuyo único objetivo es el beneficio exponencial por encima de todo, o sea gestionado directamente por la administración a través de la creación de una empresa pública que apueste por la seguridad vial y la calidad del servicio.

El régimen de autorización administrativa en materia de gestión de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) no garantiza lo estipulado en la Directiva 2014/45/UE, por cuanto limita el control público de la calidad de las entidades gestoras al limitar la Administración su actuación al otorgamiento de una licencia. En materias como la seguridad vial, las garantías medioambientales y el control sobre la cualificación y formación de los inspectores el régimen que asegura una mayor garantía es el de gestión pública directa, tal y como ya está planteado en otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Baleares. La fórmula de empresa pública, a juicio del Sindicato Reformista de Trabajadores, es la que garantiza un servicio público de calidad que asegure la eficiencia y que en su caso permita revertir los hipotéticos beneficios de esa gestión en las arcas públicas. El modelo de empresa pública de gestión asegura la íntegra implementación de las medidas previstas en la citada Directiva.

El  Real Decreto  224/2008, de  15  de  febrero,  sobre  normas  generales  de  instalación  y  funcionamiento  de  las  estaciones  de  inspección  técnica  de  vehículos, al regular en su artículo 2 los modelos de gestión de las estaciones ITV, y a la vista de la Sentencia del Tribunal Constitucional 332/2005, de 15 de diciembre,  establece  que  la  ejecución  material  de  las  inspecciones  será  realizada  de  acuerdo  con  el  modelo  de  gestión  que  establezca  la  comunidad  autónoma  en  ejercicio  de  sus  competencias.  Añadiendo  que,  a  estos  efectos, dicha  ejecución  material  podrá  ser  realizada  por  las  comunidades  autónomas  directamente,  o  a  través  de  sociedades  de  economía  mixta,  o  por  empresas  privadas  con  su  propio  personal,  en  régimen  de  concesión  administrativa  o  autorización.

El  correcto  ejercicio  de  las  funciones  asumidas  en  esta  materia  aconseja el  establecimiento  de  una  norma  de  carácter  general  que  configure  la  inspección  técnica  de  vehículos  como  Servicio  Público;  que  determine  el  modelo  de  gestión  del  mismo  por  el  que se decanta la Administración regional, de entre los legalmente posibles, en este caso el de explotación directa, y  una  vez  elegido  dicho modelo de explotación directa, se regule  su  régimen  jurídico.

Se trata pues de voluntad política, se trata de apostar por la prestación de un servicio de interés público a través de una empresa pública que aglutine todo el patrimonio actual de la ITV donde los trabajadores de las actuales ITV mantendrían los derechos adquiridos en su integridad, asumiendo la empresa pública de gestión la subrogación de sus contratos y asegurando el mantenimiento de sus condiciones de trabajo.

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